ESPAÑA, LA HISTORIA DE UN DESENCUENTRO
Decía Josep Pla que lo más parecido a un nacionalista español de derechas era un nacionalista español de izquierdas. Porque desde la perspectiva catalana, ese: “No ens entenen” (“No nos entienden”), viene a ser la queja por algo que desde Cataluña se percibe como un rechazo, una ofensa y una imposición. El hecho de que muchos catalanes no se sientan castellanos no representa, ni mucho menos, que no se sientan españoles. No se sienten castellanos -ni vascos, ni gallegos, pongamos por caso-, por el simple hecho –simple y absolutamente natural- de que ellos son lo que son; es decir, catalanes. ¿Y que pasa, que no se sientes acaso castellanos los castellanos? ¿Entonces? “Son los españoles en general, de derechas o de izquierdas, da lo mismo, los que no nos entienden”, se piensa en Cataluña. ¿Pero que es lo que no entienden o no quieren entender, supuestamente, de Cataluña y de los catalanes, los españoles? En esto, como en todo, cada uno tendrá su punto de vista. Pero resulta evidente que el caso que nos ocupa puede contemplarse desde, como mínimo, dos puntos de vista distintos: el de los que entienden y aman España desde una perspectiva moderna –la del Estado nación-, y el de los que la entienden y la aman a partir de su primitiva tradición histórica.
De España, de la realidad que España es y representa hoy en día, hay dos concepciones vigentes, vigentes y contradictoria: la, bien podría decirse que castellana, de origen visigótico, y la, digamos que catalano-aragonesa, de origen franco. Los visigodos no conocieron nunca el feudalismo y, por consiguiente, nunca lo aplicaron; de hecho aun no se había inventado, cuando ellos se repartieron Hispania con los romanos. Los francos, en cambio, lo inventaron y lo aplicaron aquí, cuando –más de tres siglos y medio después del inicio de la dominación visigoda, y con la invasión y la ocupación árabe de por medio- se establecieron al sur de los Pirineos y crearon la Marca Hispánica. La Reconquista, que fue el origen de las diversas identidades españolas actuales –excepto de la vascuence, que es más antigua-, se vivió de forma diferente en la meseta que en su periferia oriental. Por causas puramente geográficas, pero también por una herencia histórica distinta. Asturia, León, Castilla, se sintieron herederos del reino visigodo, unitario y centralista –centralista, en realidad, de una capitalidad itinerante: Barcelona, Tolosa, Toledo e incluso Sevilla-. Navarra, Aragón y los condados catalanes, se inspiraron más bien en el modelo feudal carolingio. Castilla asimiló León, Asturias y, ya en tiempos de los Reyes Católicos, hizo lo propio con Galicia –política de doma y castración del reino de Galicia-. Aragón nunca asimiló a Cataluña, como tampoco Cataluña asimiló nunca a Aragón. Castilla reconquistó y colonizó -con castellanos viejos y nuevos castellanos asimilados cultural y lingüisticamente- la parte meridional de la península. Cataluña lo hizo en las Baleares, pero no lo repitió en Valencia. La reconquista del reino de Valencia fue una obra conjunta -de aragoneses y catalanes-, y ello trajo consigo la colonización mixta de aquel territorio, así como un fuero particular para sus nuevos pobladores -distinto del aragonés y distinto del catalán-. Con la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón, y la posterior incorporación de la de Navarra al conjunto, habría de convertirse la monarquía Hispánica -guiada por la fuerza y el empuje de Castilla- en una potencia mundial de primer orden. Las cosas funcionaron y funcionaron bien para todos, aquí. El problema vino cuando la nueva monarquía empezó a incrementar su poder en base a limitar los derechos históricos de los distintos pueblos que la habían formado. A los primeros que puso en su sitio –en el sitio que a ella, a la monarquía, le convenía- fue, paradójicamente, a los comuneros castellanos, después vendrían las germanies de Valencia; ambos casos ocurrieron durante el reinado de Carlos I. Felipe II puso en vereda a los aragoneses. Y el conde-duque de Olivares, ya en tiempos de Felipe IV, lo intentó con los catalanes –guerra de Secesión o dels Segadors (1640-52)-. Pero no sería hasta Felipe V, que Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca no pasarían a ser asimiladas definitivamente y por derecho de conquista -guerra guerra de Sucesión (1702-14)-, a la corona de Castilla. Y ahí empezó el desencuentro. Porque lo que hasta entonces había sido una unión un tanto forzada -pero respetuosa y enriquecedora para todos-, se convirtió para unos en una ocupación militar en toda regla; hasta del escudo de la nueva España fue borrado el de la corona de Aragón –y también el de Navarra-. Desde entonces y hasta el momento presente, y no solo por causa de esa asimilación forzada, claro; pero sí también por esta causa, se han ido sucediendo aquí las guerras: guerra dels Carrasquets (1719-21), guerra dels Malcontents (1827), Primera Guerra Carlista o guerra de los Siete Años (1833-40), Segunda Guerra Carlista o guerra del Matiners (1846-49), Tercera Guerra Carlista (1872-76) y, más recientemente, el desastre de la Guerra Civil (1936-39). Seis guerras, y si se cuentan la de Secesión y la de Sucesión, ocho, son ya muchas guerras. Y el problema no está solucionado, por lo menos no a gusto de todos. España es el único país de la Europa occidental –bueno, puede que Francia también, y por partida doble: el vasco y el corso-, que sigue padeciendo la lacra de un terrorismo autóctono –el importado, el de los islamista, lo padecemos todos-. Los crímenes y las extorsiones de ETA un día u otro acabaran por desaparecer. Porque el terrorismo, en una sociedad democrática, no tiene ninguna razón –política- de ser, de existir. Pero incluso el día que ETA desaparezca, las dos concepciones contrapuestas que de España tenemos ahora los españoles persistirán. Persistirán si hasta entonces no se ha hecho algo, nuevo, para fundirlas e integrarlas, a las dos, en una sola.
España –digan lo que digan los que llevan siglos sin querer, sin convenirles, reconocerlo- es una realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística. Y lo ha sido siempre; desde mucho antes, incluso, de que España misma existiera como una entidad política unida, al principio, y unificada –o pretendidamente unificada y uniformizada-, luego. ¿Qué pasaría si un día, de una vez por todas, esa realidad que existe, que está ahí, que se niega obstinadamente a desaparecer –después de haber perdido ocho guerras-, fuese legalmente reconocida, pero a gusto de todos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en Suiza? ¿Qué ha pasado en Canadá? ¿Qué pasará en el Reino Unido, con Escocia? ¿Dejaran acaso los escoceses, algún día, de ser y sentirse británicos? ¿Que Estado corre en estos momentos mayor peligro de desintegración, Suiza o Bélgica? En España, digan lo que digan los que siempre han dicho lo mismo –y firmado siempre los mismos manifiestos-, el problema identitario no está aun bien resuelto. A los herederos de la tradición visigoda les gustaría poder aplicar aquí, de una vez por todas, el modelo francés de asimilación y uniformización cultural y lingüística; mientras que a los de la tradición franca -otra paradoja de la historia- les gustaría poder aplicar, también de una vez por todas, el modelo suizo. Pero dejando a un lado el problema identitario –que no por ello deja de existir, ni de estar presente en la hora actual del antiguo desencuentro-, hay en este momento sobre la mesa otro problema, digamos que más tangible: el de la financiación –y, relacionado con él, el del nuevo Estatuto de Cataluña, cuya aprobación definitiva está pendiente aun de una sentencia judicial-. Y esto es así y siempre –desde la promulgación de los decretos de Nueva Planta (1707-16)- ha sido así: ni Cataluña, con Galicia y Euskadi, pueden imponer su concepción de España al resto del Estado, ni el resto o una parte mayoritaria del mismo, puede imponerles tampoco a ellas la suya –a no ser que sea por la fuerza de las armas-. ¿Qué hacer, pues? En realidad solo quedaría un camino: inventar una nueva fórmula que pudiera contentar, de una vez por todas, a todos; es decir, reinventar España. Que las Constituciones, al fin y al cabo, no son eternas por definición, y los Estados, tampoco -pero mucho menos, los sistemas de financiación de los diversos territorios que conforman un Estado-. Y esa es ahora la nueva –y vieja- guerra en la que estamos metidos otra vez –una prueba bien evidente de que el problema dista de estar solucionado-. Pero lo más triste del caso es que parece como si las partes no contemplaran, de momento, otra forma de poder solucionarlo que la más clásica y tradicional; es decir, el enfrentamiento. Recientemente, la prensa ha publicado dos fotografía bastante significativas -las partes buscan aliados y velan ya sus armas- al respecto: una, la que escenifica el, vamos a denominarlo acuerdo de la Moncloa, firmado entre el presidente Zapatero y Mariano Rajoy; la otra fotografía –tan antinatural como la primera, por lo menos a primera vista, pero no así si se contempla desde una cierta perspectiva histórica- es la del acuerdo al que llegaron en Valencia -auspiciados por los presidentes de las Cámaras de Comercio de dicha ciudad y de Barcelona- los respectivos consejeros de Economía de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Y así anda ahora eso del desencuentro… Pero como a los españoles, por suerte, imaginación no nos falta, quizás -después de ocho guerras, ¡ocho!- ha llegado ya el momento de afrontar el tema con eso, con imaginación. Con imaginación, pero también con respeto, que no con más imposiciones, con más mentiras radiofónicas y con más manifiestos firmados a favor, solo, de una de las parte presentes en el contencioso lingüístico; con fraternidad y con solidaridad, de todos, entre todos y para todos, y con realismo, que no con banderas que ondeen movidas por el viento de los sueños -y removidas por múltiples y mutuos agravios antiguos-. Quizás ya iría siendo hora, pues, de afrontar el tema desde esta otra perspectiva... ¿O aun no?
Para que un matrimonio funcione, ambas partes deben estar de acuerdo. No vale que una diga: “A mi ya me va bien”, si no le va bien a la otra. Para que un Estado –y más un Estado plurinacional- funcione, ocurre más o menos lo mismo. Y eso es solo posible en un caso: que todas las partes –pero todas- renuncien a algunos de sus privilegios. Antes -cuando no existía el divorció-, la parte a la que su matrimonio no le iba bien debía someterse de por vida a la otra. También antes –cuando no existía la democracia, tal como se entiende ahora-, la nación o nacionalidad a la que formar parte de un Estado no le convenía debía someterse a la que sí le convenía aquel tipo de relación de dependencia. Ahora las cosas han cambiado –y van a cambiar aun más-, y la mejor solución ya no pasa por la dependencia o la in-dependencia, sino más bien por la co-dependencia. Pero la co-dependencia no se puede imponer. Se debe pactar, y según la conveniencia de todas y cada una de las partes implicadas -que no solo de una o de la mayoría de ellas-. La vida de un ser humano es corta, comparada con la larga memoria de la historia, pero todos los españoles de la generación a la que yo pertenezco sabemos que el momento más esperanzador que nosotros hemos podido vivir fue, precisamente, el de la transición del régimen dictatorial a la democracia. ¿Que más esperanzador, para la generación actual, que poder edificar también, juntos, con respeto e ilusión, un nuevo marco de convivencia más ajustado a la realidad, más respetuoso con la diversidad y más adecuado a los nuevos tiempos? Un nuevo marco, constitucional, que nos permita a todos, sin distinciones ni limitaciones, sin prebendas ni privilegios, volver a sentirnos otra vez como en casa. En los tiempos de la unión dinástica se decía: “Tanto monta, monta tanto…” Han pasados ya más de cinco siglos, desde aquello, y otros tres, desde la Nueva Planta. ¿No iría ya siendo hora de que aquí pudiéramos volver, todos, a montar otra vez a caballo? Igual, entonces, sí se acabaría el desencuentro, con sus respectivos manifiestos y contramanifiestos.
